La futura ley del denunciante de delitos de corrupción -que en estos momentos se encuentra en la fase de Proyecto- establece que los partidos políticos, así como todas las empresas de más de 50 empleados, deberán implantar un canal confidencial de denuncias. Así, la normativa, que transpone la directiva europea conocida como Whistleblowers, pretende proteger a las personas que informen sobre corrupción y violaciones del derecho de la Unión Europea. Los Partidos Políticos por tanto se han empezado a preparar para la nueva exigencia normativa, no siendo ellos los únicos afectados por ella. Tanto las empresas de sector privado como las entidades del sector público deberán revisar las exigencias de esta nueva normativa, y asegurar su cumplimiento si quieren evitar caer ante su más que severo régimen sancionador.