La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la empresa Vodafone España varias sanciones que suman más de ocho millones de euros por incumplir varios artículos de la legislación española, y se convierte así en la multa más alta que ha impuesto este organismo.
La empresa Vodafone España, según la AEPD, ha incumplido no solo la Ley de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, también la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.
En la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, se señala que desde el segundo trimestre del año 2018 la AEPD ha recibido casi doscientas reclamaciones contra la empresa.
La mayoría de las reclamaciones contra Vodafone España denuncian la realización de acciones de mercadotecnia y de prospección comercial a través de llamadas telefónicas y mediante el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, tanto de correos como de mensajes SMS, acciones que según la Agencia vulneran la legalidad.
Esas comunicaciones no han sido solicitadas o expresamente autorizadas por las personas que las han recibido, que no han podido ejercer el derecho a oponerse; o se han dirigido a personas que habían pedido su inclusión en la "lista Robinson" (un directorio al que se adscriben quienes no quieren recibir publicidad); y no se adecuaban tampoco a los procedimientos y garantías establecidas para realizar esas acciones de mercadotecnia.
La Agencia Española de Protección de Datos impone a la empresa una sanción de 4 millones de euros por incumplir el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos; y 2 millones por incumplir el artículo 44 del mismo reglamento. Impone además una sanción de 150.000 euros por incumplir el artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico; y otros dos millones por incumplir la Ley General de Telecomunicaciones.
Y concede a la empresa Vodafone España un plazo de seis meses para acreditar ante la Agencia Española de Protección de Datos que ha ajustado a la legalidad todas las operaciones que han sido motivo de investigación y de sanción.
La empresa asegura que no está de acuerdo con los incumplimientos que les imputa la Agencia, considera que la cuantía de la sanción propuesta es desproporcionada y subraya que la compañía trata "con las máximas garantías de confidencialidad y privacidad los datos de sus clientes" y ha comunicado su intención de recurrir la sanción ante la propia Agencia y ha dejado abierta la posibilidad de llevar el caso a la Audiencia Nacional.