El pasado mes de diciembre entró en vigor el Real Decreto 933/2021, el cual refuerza las obligaciones de los alojamientos turísticos respecto al registro de sus clientes. La normativa obliga a recopilar y conservar datos sensibles como el nombre completo, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, datos de contacto, fechas de estancia e incluso el medio de pago, durante un período de tres años. Esta información debe transmitirse diariamente a las autoridades a través de una plataforma telemática habilitada para este fin.
La medida, diseñada para combatir delitos como el terrorismo y el crimen organizado, plantea retos significativos para las empresas del sector. No solo implica adecuar sistemas internos de gestión de datos, sino también garantizar el cumplimiento de los principios del RGPD, como la minimización y la seguridad de la información, para evitar sanciones económicas y reputacionales.
Esta nueva exigencia subraya la importancia de revisar los procesos de tratamiento de datos en alojamientos turísticos, asegurando que sean acordes con las normativas de protección de datos y respeten los derechos de los clientes.